La Provincia deberá oficializar el nuevo número de víctimas fatales por la inundación

Deberá hacerlo en el plazo de 5 días, “por los mismos medios de comunicación que utilizó para difundir la información inexacta“. Así lo establece el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de La Plata. 2014-03-26 12.52.51

La investigación llevada adelante por el Juez Luis Federico Arias determinó que, al momento, se han comprobado 89 decesos como consecuencia del temporal del 2 de abril. Esta cifra supera en 37 el número de víctimas que el gobierno provincial dio de manera apresurada, en una primera instancia.

Asimismo, el documento informa sobre la existencia de otros 16 cuerpos cuya muerte no se puede vincular de manera fehaciente con la inundación, por no haberse reunido las pruebas necesarias. En esta línea, si bien el fallo abunda en testimonios de testigos que afirman haber visto cadáveres de niños, las diligencias realizadas por Arias en este sentido no arrojaron pruebas concluyentes.

En el aula Migue Bru de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Luis Arias realizó una conferencia para explicar los alcances del fallo. En la misma se narró  el proceso de investigación, detallando las irregularidades judiciales, policiales y estatales, detectadas en el transcurso del mismo. Entre otras, se habló de la negligencia judicial de no judicializar las muertes traumáticas y de no realizar autopsias sobre los cuerpos, las cuales tendrían que haber sido dictaminadas por el fiscal Condomí Alcorta. En estos casos, jugó un rol determinante la policía “que aconsejaba a las familias enterrar a sus seres queridos de manera normal, e incluso les recomendaban la funeraria”, expresó el propio Arias.  Asimismo, se dejó constancia del conflicto de competencia planteado por el Juez Guillermo Atencio, quien a través de su accionar demoró la investigación.

Por otra parte, se dejó constancia de la irregularidades encontradas en la inhumación de cuerpos (fragua de documentos, causales de muertes falsos, “dobles entierros”, entre otros) que delataron un proceder ilegal de la policía, el registro de las personas y el poder judicial.

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