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Marcha vecinal en contra de las corporaciones inmobiliarias y en apoyo al juez Arias

Será el jueves, a las 12 horas, frente a los tribunales de 13, 47 y 48. A continuación se trascribe el comunicado del grupo de vecinos.

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Vecinos en apoyo del Juez Arias en la puerta del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1

Hay una continuidad en la línea de tiempo. Comienza el violento desalojo de Gorina en el año 2010, continúa en la inundación del 2 de abril de 2013 y sigue con el desalojo violento de la toma de Abasto. O acaso una regularidad de aquellos sectores económicos platenses, que han logrado incrementar sus niveles de rentabilidad a partir del suculento negocio inmobiliario.
Y esa regularidad, o continuidad, tiene actores claros que emergen cada vez que un sector de la Justicia decide fallar en favor de los sectores más desprotegidos. Porque es eso lo que se oculta detrás del pedido del fuero penal, a propósito del “requerimiento de suspensión o destitución formulado por el Agente Fiscal, Dr. Marcelo Romero, en el marco de la causa penal iniciada con motivo una resolución judicial dictada por el Dr. Arias en la causa de la inundación”.
El citado funcionario, había solicitado ante la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia la intervención del Jurado de Enjuiciamiento. Y en ese marco, para abreviar dichas instancias y evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, el Juez Arias se presentó espontáneamente ante el Jurado de Enjuiciamiento para que se investigue su actuación en la causa.
Arias llevó adelante cuatro acciones claras que golpearon en el corazón del poder económico y político de la ciudad de La Plata: frenar el desalojo de un grupo de personas que habitaban con el consentimiento de dueños las vías del ex ferrocarril provincial, que linda con el country Grand Bell, denunciar que el número de muertes por la trágica inundación del 2 de abril eran más de las que decía el gobierno provincial y municipal, suspender la construcción de aquellos edificios de más de tres pisos de altura en el casco céntrico, y atender las necesidades de un grupo de familias que en mayo de este año ocuparon un predio en la zona de Abasto, tomando una medida cautelar que acompañaba un pedido de expropiación del predio para destinarlo al desarrollo urbanístico en beneficio de esas familias.
No se trata de cuestiones aisladas, sino de un problema cuyo origen es el mismo: los sectores de mayores recursos avanzan sobre la destrucción del patrimonio histórico, adquiriendo viviendas antiguas que luego son derrumbadas para construir sobre ellas edificios de oficinas, o departamentos familiares, concentrando un mayor número de habitantes en una zona cuyos límites para el uso de servicios públicos (luz, agua, gas, y cloacas) se encuentran colapsados. Cuando esa estrategia comercial se agota, o bien los usos y costumbres de esos sectores se modifican, el negocio inmobiliario avanza sobre los pocos espacios que van quedando en la periferia. Allí construyen complejos habitacionales bajo la forma de barrios privados, o countryes, en terrenos cuyo valor es muchas veces inferior a los valores del mercado, pero en los que a partir de la llegada de los servicios y el cambio de la zoonificación por parte de la Municipalidad, incrementan exponencialmente su valor. Claro está, hay gente que está en condiciones económicas de pagarlo, y lo hace, sin importarle los efectos nefastos que ello implica: continuar corriendo fuera de las fronteras de la ciudad a los sectores de menores ingresos. El crecimiento de los barrios de emergencia, o asentamientos, tienen su razón de ser en esa política de ordenamiento urbano: los pobres van ocupando bañados en tierras fiscales, o abandonadas por sus propietarios, que luego son reclamadas bajo la figura jurídica del “usucapión” por las empresas constructoras o inmobiliarias. Así se cierra el círculo más atroz, que el sistema ha constituido en el afán de beneficiar a los sectores de mayores ingresos. Argentina tiene vastas zonas en la provincia de Buenos Aires, donde ello se ha convertido en una verdadera política de expulsión de los pobres: en la zona norte San Isidro, Tigre, Pilar, son quizás los ejemplos más visibles de ese problema estructural.
Pero hay otras consecuencias sumamente negativas para el conjunto de la sociedad. Sus efectos son novedosos y han dado una voz de alerta a la dirigencia política, a las organizaciones de la sociedad civil y los habitantes de La Plata en general: las inundaciones. Para entender qué ocurrió en La Plata el 2 de abril de 2013, es necesario empezar a pensar de qué manera se ha desarrollado el negocio del rubro inmobiliario en los últimos años y hacia dónde se dirige.
El Juez Arias, junto a esas organizaciones de la sociedad civil, ha comprendido el problema apenas la tragedia enlutó a la comuna. Quizás por eso, por tomar sus decisiones en función de las necesidades colectivas, y no de meros sectores especulativos, es que se ha ganado la antipatía de los empresarios del sector que, en sintonía con aquellos medios de información vinculados al negocio inmobiliario, han decidido iniciar una campaña de desprestigio centrada en la desinformación. Así se pueden leer títulos que presentan a Arias como un magistrado en la cuerda floja y “polémico” por las decisiones que toma, mientras ocultan los verdaderos problemas que genera un negocio que comparte empresarios de medios informativos, algunos sectores políticos con capacidad de incidir en la vida pública, empresas constructoras e inmobiliarias.
Aclarar qué es lo que se oculta detrás de un titular del tipo “Un Fiscal pide el desafuero del Juez Arias”, es necesario para evitar que los lectores sean confundidos por el sentido que esos titulares quieren dar sobre la imagen del magistrado.
Arias tomó decisiones que estuvieron sostenidas por la legislación vigente y por la idea de promover el bienestar general, sobre todo el de los sectores más vulnerables que han sido un motivo de preocupación histórica del magistrado.
Luchar contra los grupos concentrados de poder, es luchar contra la corporación judicial, la corporación empresarial y contra aquellos sectores de la política que utilizan las herramientas del sistema democrático para el beneficio propio.
Es por ello que convocamos a la marcha que se realizará este jueves 16 de julio a las 12:00 horas, en la sede de la Procuración General y la Suprema Corte de justicia, ubicada en 13 entre 47 y 48, en defensa del Dr. Luis Federico Arias y para rechazar cualquier intento de destitución de un magistrado que ha demostrado sus más profundas convicciones a la hora de defender a los sectores más postergados de la sociedad.

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