Ciudadanos del País La Plata

La corrupción mata: “Arreglaron” y los inundados de La Plata continúan reclamando Justicia

Por Leandro Moreno - Director de Agencia de La Calle

El juicio que “buscaba” determinar responsabilidades de funcionarios públicos por la trágica inundación del 2 de abril de 2013 cerró en la primera audiencia. Es que Sergio Lezana, único acusado (el otro falleció hace poco tiempo) se declaró culpable, aceptando la multa de 12.500 pesos impuesta, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el período de un año. Por tanto, la consigna “Bruera, Scioli y Casal son responsables” que llevaron los inundados durante todos estos años e intentaron demostrarla en la instancia judicial, se diluyó en lo que fue considerado por ellos como “un proceso injusto”. Aunque “la corrupción mata” sigue siendo una bandera aún vigente para los ciudadanos platenses que buscan la verdad.

Sergio Lezana (ex titular de defensa Civil La Plata) compartió hasta hace poco el banquillo de los acusados con el recientemente fallecido Miguel Ángel Di Lorenzo (ex titular de defensa Civil de la provincia), quien en sus declaraciones preliminares había sugerido que la responsabilidad de la inundación no debía recaer sólo en su persona, sino que también en aquellos funcionarios de alta jerarquía que – a sabiendas de la inundabilidad de la región- debieron disponer de las gestiones y los medios necesarios para evitar el desastre. Esta, sin más, es la línea que sugirió a lo largo de todo el proceso la querella y los abogados de los particulares damnificados.

Sin embargo, la jueza Claudia Grecco, dio lugar a lo propuesto por el abogado defensor Juan Di Nardo y el fiscal Jorge Paolini,  quien en durante toda la etapa de instrucción se apoyó en las hipótesis de la “lluvia excepcional”, y en una suerte de “obediencia debida a la inversa”, argumentando que la responsabilidad por lo sucedido, debía recaer sobre Lezana y Di Lorenzo, eximiendo de toda culpa a altos funcionarios municipales y provinciales.

Documento 6 de marzo de 2019, comienzo del juicio por la inundación del 2 de abril de 2013

Estamos en las puertas del Edificio del Fuero Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde debiera comenzar el tan esperado juicio por las responsabilidades de la mayor tragedia social ocurrida en esta ciudad, la inundación sucedida entre el 2 y 3 de abril de 2013. Pero, este juicio es un juicio de impunidad no de justicia.

Solo se presentará como imputado Sergio Ariel Lezana, quien era el Director de Defensa Civil del Municipio; Miguel Ángel De Lorenzo, Director de Defensa Civil de la Provincia, quien también fuera elevado a juicio, falleció impune hace un mes.

Queremos advertir que no consideramos que ellos fueran “perejiles”, ellos eran los directivos que deberían haber garantizado la existencia de los recursos necesarios para prevenir y enfrentar las consecuencias de la inundación.

De todos modos, en el banquillo de los acusados no están todos los que debieran, los que son responsables de aquél suceso: Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Bruera, Intendente de la ciudad de La Plata, Alejandro Arlía (fallecido) Ministro de Infraestructura de la Provincia, Ricardo Casal, Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Alejandro Collia, Ministro de Salud de la Provincia, Miguel Ángel De Lorenzo (fallecido) Director de Defensa Civil de la Provincia, Enrique Sette, Secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de la Plata, Santiago Andres Martorelli, Jefe de Gabinete de la Municipalidad, entre otros.

Se ha dejado en este juicio, de manera expresa y premeditada, fuera las responsabilidades políticas, por eso reiteramos que impunidad es la palabra que define a este juicio.

Impunidad por las muertes, por los daños en la salud de de los sobrevivientes pero también por los daños materiales, de los cuales el Estado no pretende hacerse cargo.

Impunidad generada, armada, organizada desde el Estado Provincial, siendo su mano ejecutora el Fiscal Jorge Paolini, teniendo continuidad desde el 2013 hasta la fecha.

Paolini es quien planteó la hipótesis de la “lluvia extraordinaria”, tomando la parte que le convenía para fundamentarla, del informe realizado por la Facultad de Ingeniería de la UNLP en mayo de 2013, y de ese modo dejó fuera cualquier posibilidad de juzgar a los verdaderos responsables políticos, llevando a cabo un claro encubrimiento.

Y, casualmente, al apartarse la Fiscal natural de este debate, la Dra. Victoria Huergo, asumió El Dr. Paolini como Fiscal de Juicio y se encargó de informarnos a los particulares damnificados que se estaba negociando con la defensa del único imputado, Lezana, la posibilidad de realizar una especie de “juicio abreviado” donde el Fiscal y la Defensa acuerdan el no desarrollo del debate oral y público, que el acusado acepte su responsabilidad y se pactan una pena. En este caso al ser la máxima estipulada en el Código Penal, multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año, los particulares damnificados no tendríamos agravio, y como consecuencia no podríamos oponernos.

Así se cierra cualquier posibilidad de que surjan durante el transcurso del debate, nuevos hechos imputables a Lezana, o que permitan imputar a otras personas, por otros delitos, por lo cual consideramos que estaríamos siendo silenciados, amordazados.

Queremos justicia, queremos la posibilidad de poder demostrar quienes, y por qué motivos deben ser condenados, y la no realización del juicio oral implicaría la consumación de la impunidad por los hechos acontecidos y sufridos el 2 y 3 de abril de 2013, constituyendo el último acto, a la luz de todo lo acontecido, para amordazar a las víctimas y sus demandas, no garantizando su mínima expresión en el proceso.

Y, a su vez, al no realizarse un debate oral y público, también se impediría a todos los platenses tener el conocimiento de lo acontecido, y reclamar todo lo necesario para que se castigue a los culpables y que no vuelva a ocurrir una catástrofe de similares características.

En ese sentido, también queremos decir que este juicio viene a garantizar la impunidad de las responsabilidades políticas actuales. Hoy estamos en las mismas condiciones que en el año 2013 y esto quedó demostrado en la última lluvia fuerte ocurrida el día viernes 22 de febrero, ese día no tuvimos alerta temprana, tampoco ninguno de los platenses sabía qué hacer por no existir un plan de contingencia y mucho menos, “dormimos tranquilos”, tal como declaró que podíamos hacer la Gobernadora Vidal al anunciar una falsa finalización de las obras, esto es un actuar criminal.

Por todo ello es que denunciamos que la ciudad de La Plata es una ciudad INUNDABLE. Nos vamos a volver a inundar, va a suceder, lo sabemos, y también lo sabe el gobierno. No lo quieren decir, no quieren marcar los corredores seguros, no quieren hacer un plan de contingencia, no quieren que la población tome conciencia de la vulnerabilidad en la que estamos inmersos, por una clara razón: negocios, la especulación inmobiliaria.

Asumir que La Plata es una ciudad inundable implicaría tener que derogar el Código de Ordenamiento Urbano, cosa que Garro al asumir dejó en claro que nunca haría, porque iría en contra de los grandes emprendimientos inmobiliarios que no respetan las pautas para la construcción en una ciudad de estas características, porque no les conviene, perderían dinero, mejor perder vidas, salud de los platenses, las casa más precarias, etc., eso no les importa.
Por todo lo anteriormente señalado decimos:

NO AL JUICIO DE LA IMPUNIDAD Y LA MORDAZA.
EXIGIMOS LA REALIZACIÓN DE UN DEBATE ORAL Y PÚBLICO.
EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES POLITICOS.
EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO DEL MAYOR CRIMEN SOCIAL DE NUESTRA CIUDAD.
EXIGIMOS QUE NUNCA MÁS SUCEDA UNA TRAGEDIA SOCIAL EVITABLE.
EXIGIMOS OBRAS, ALERTA TEMPRANA, PLAN DE CONTINGENCIA Y LA DEROGACIÓN DEL C.O.U.
EXIGIMOS MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Particulares damnificados, miembros de asambleas y sobrevivientes de la mayor tragedia social ocurrida en la ciudad de La Plata, la inundación de los días 2 y 3 de abril de 2013.

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